La seguridad interna del país es responsabilidad del estado. El cual debe garantizar el orden y la disciplina interna, para asegurar el libre desarrollo de todas las actividades de los ciudadanos.

Las actuales políticas de seguridad pública son ineficientes por los bajos índices de  condenas a los delitos comunes. De cada 10 detenidos sólo 01 es condenado en forma efectiva.

Esta actitud garantista es la principal causa del caos y de la delincuencia que asola a nuestras comunidades, la cual es aprovechada por grupos anarquistas y antisociales, para dar rienda suelta a su violencia, resentimiento y rebeldía ante cualquier forma de orden y autoridad.

Quien atente contra el orden social, se convierte en enemigo de la comunidad del pueblo y por lo tanto debe ser sancionado drásticamente por la ley.

Exigimos la eliminación del garantismo del actual sistema judicial. Y la aplicación efectiva de las penas, además de restablecimiento de la pena de muerte para delitos graves.

a) Reforma del sistema carcelario

Desde décadas las cárceles han dejado de ser centros de rehabilitación y han pasado a ser escuelas del delito.   Esto hace absolutamente necesario realizar una urgente reforma al sistema carcelario, con la finalidad que los reos vivan bajo un régimen de estricta disciplina, orden y trabajo. Esto significa un régimen interno de carácter militar, el uso de una tenida uniforme para todos y la realización de labores que vayan en beneficio para la comunidad, como la construcción de caminos, siembra y cosecha de campos. Solo el  trabajo metódico y permanente hará de los reos seres útiles para la comunidad y contribuirá para su rehabilitación. Retribuyendo con ello el alto costo que significa al Estado mantenerlos.

b) Inmigrantes y delincuencia

La relación inmigración y delincuencia es innegable. El ingreso de gran cantidad de inmigrantes al país ha generado nuevos focos de delincuencia, prostitución y narcotráfico.  Extranjeros inescrupulosos han creado nuevas formas de beneficiarse en forma ilegal a través de  estafas y engaños que afectan a nuestros ciudadanos. Por esta razón los extranjeros indeseables deben ser inmediatamente expulsados del país.

c) Violencia étnica mapuche

Si bien el nacional-socialismo respeta el derecho a toda etnia o cultura a mantener  su raza y cultura, muy distinto es aceptar que minorías étnicas  utilicen la violencia y el terrorismo para alcanzar sus objetivos.   El Estado debe tomar medidas  enérgicas para poner fin a la violencia  y asegurar la vida y la propiedad de quienes han sido objeto de ataques por parte de estos grupos.  El hecho de que chilenos no indígenas  sean objeto de violencia y vandalismo, constituye un acto racista y discriminatorio por parte de estos grupos violentistas mapuches.

Es indudable que activistas de inspiración marxista están detrás de esta oleada de violencia, la cual no tiene ninguna relación con la Cosmovisión de la gran mayoría del  Pueblo Mapuche que vive de su trabajo y de los frutos de su tierra.

Los puntos precedentes son sólo una síntesis de la propuesta nacional-socialista para la seguridad interna del país.