El hombre es parte de la naturaleza y como tal está regido por sus leyes. Por lo tanto la protección de la naturaleza y el respeto de sus leyes, son pilares fundamentales en los cuales descansa la doctrina nacional-socialista.

El mundo materialista actual aún no ha logrado comprender que la destrucción de la naturaleza conlleva irremediablemente la destrucción de sí mismo. Nos oponemos a las concepciones materialistas que promueven la explotación de los recursos naturales en forma irresponsable e indiscriminada, en beneficio exclusivo de la rentabilidad y del mercado.

Debemos proteger nuestro entorno natural de aquellos proyectos industriales que generan y han generado cambios radicales o daños irreparables en los ecosistemas nacionales.

La protección de la naturaleza no debe basarse únicamente en consideraciones económicas unilaterales. La conservación de los recursos naturales es más importante que la rentabilidad de las empresas. Exigimos que las empresas sean seriamente evaluadas por su impacto social y ambiental en las zonas en donde se establezcan.

a) Sobre la Agricultura

Al ser la  agricultura base de la economía nacional, esta debe recuperar el sitial de honor que le corresponde y debe ser protegida de los vaivenes de la economía y del avasallamiento de productos extranjeros. Es misión del Estado lograr que la agricultura nacional alcance la máxima autosuficiencia que nos permita prescindir al máximo del extranjero. El campesinado chileno es de gran importancia económica, étnica y cultural, y merece toda la protección del Estado por su importantísima labor.

Para el Nacionalsocialismo la Agricultura Nacional es el fundamento del Estado. Primero, porque el campesinado es una fuente eterna de vida con la cual el pueblo se renueva y segundo, porque la agricultura es la base de la alimentación del Pueblo. En las ciudades en cambio, las sociedades son incapaces de sostenerse por sí mismas, debido a un estilo de vida que promueve una disminución en la tasa de natalidad. La constante renovación de la población urbana, proviene únicamente de los campos.

El agricultor debe constituir una clase social fundamental, ya  que engloba todos los valores que dan origen a un Estado sano y con proyección en el futuro. En la actualidad, la clase agrícola en Chile se encuentra en una etapa de constante disolución. Debido a que a nivel de la agricultura familiar campesina, se practica una agricultura de subsistencia, donde en muchas zonas reina la miseria y con absoluta dependencia de los subsidios estatales, administrados principalmente por el INDAP y otras instituciones públicas y ONG’s que lucran de la pobreza del campesino. La agricultura campesina constituye aproximadamente el 80% de la población rural, pero genera no más del 20% de la productividad agrícola.

A nivel de la agricultura mediana, la problemática no es muy distinta a la del campesino, salvo que no existe un apoyo estatal programado que promueva el desarrollo, el crecimiento y la eficiencia del rubro. El productor mediano se ve enfrentado normalmente a la venta de sus productos a bajo precio en las cosechas, debido a la importación desde el extranjero, del mismo tipo de productos, pero más baratos gracias a los grandes subsidios a la producción y exportación que se aplican en los países de origen. El agricultor mediano debe enfrentar los períodos de escases con sus propios medios, sin apoyo estatal e hipotecando su propiedad a las instituciones financieras, sometido a subastas forzosas, con la consecuente pérdida de su condición de agricultor. Normalmente está obligado a adquirir los insumos a precios más caros, dado que su volumen de compra es pequeño,  y a vender su cosecha a los precios más baratos, ya que carece de infraestructura suficiente (por no poder financiarla) para vender su producción en épocas de mejores precios.

Respecto de la gran agricultura empresarial, o agricultura de grandes superficies, si bien tienen una cierta “protección” o “garantía” por cuanto, debido a que por un lado su tamaño productivo le permite acceder a la compra de insumos más baratos, con mejores plazos y con acceso a créditos a tasas más bajas, y por otro, vender su producción en épocas de mejores precios, también existe en ellos una problemática económica, al estar expuestos  a las variables climáticas y a las distorsiones de los grandes conglomerados compradores, generando un riesgo altísimo de déficit de productos agrícolas, debido a las grandes extensiones involucradas.

Se estima que en Chile, el 20% de las explotaciones agrícolas, genera el 80% de la producción nacional, estando más del 50% de la producción, en manos de menos del 10% de los empresarios agrícolas.

Muchos de estos grandes empresarios o mega-agricultores, tienen ingresos de otros rubros no agrícolas, como por ejemplo, grandes cadenas de Retail y por lo tanto, si bien contribuyen a mejorar las condiciones de ocupación y mano de obra, generalmente lo hacen vulnerando factores ambientales, laborales o tributarios, fomentando la ineficiencia productiva para ocultar supuestas pérdidas y de esa manera reducir el pago de impuestos al Estado.

Sin embargo, la problemática que más afecta al 90% de la población agrícola, es la baja rentabilidad de los cultivos, producto de las distorsiones generadas por el intercambio comercial internacional. Esto produce una gran migración desde los campos a las ciudades, en busca de mejores oportunidades laborales, sumado a un paupérrimo desempeño de la educación rural, que insta aún más a buscar nuevos horizontes en las ciudades y a que nadie quiera seguir perteneciendo a una clase Agrícola despreciada y económicamente condenada a muerte.

La conservación de una agricultura sana es la primera condición para el desarrollo de la industria nacional, del comercio interior y de la exportación. La agricultura deberá ser puesta de nuevo en situación de producir cuanto sea posible en el territorio nacional, a fin de no depender de la excesiva importación de productos alimenticios.

Consideramos que la seguridad alimenticia  constituye la condición previa de todo propósito político. Esta seguridad abarca dos ámbitos: la seguridad en el abastecimiento nacional y la inocuidad alimentaria, es decir, asegurar que los alimentos sean producidos bajo sistemas que no dañen la salud de la población consumidora.

En el primer ámbito, implica que no puede existir política exterior sin una política nacional agraria. El campesino y el agricultor chileno tienen derecho a percibir por sus productos un precio que les permita seguir cultivando la tierra. Es necesario por tanto impedir que se sigan incrementando las deudas agrícolas, poner fin a las subastas forzadas y hacer que los intereses usurarios disminuyan, de manera que no quede consumida en su amortización la mayor parte de los ingresos.

En el segundo ámbito, el Agricultor tiene el deber de procurar que lo producido en su campo, cumple con los parámetros de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, que aseguren la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la producción de alimentos sanos. El uso excesivo de agroquímicos, fertilizantes, agua de riego, maquinaria, etc., debe ser regulado en beneficio de la obtención de alimentos sanos, libres de contaminantes y nutritivos.

b) Agroquímicos y maquinaria.

El Estado Nacionalsocialista debe facilitar el acceso a la tecnología necesaria para la obtención de alimentos más baratos, pero sin descuidar la protección del ambiente. Especial cuidado debe haber en las políticas de control de la erosión, recuperación de suelos improductivos, regular el uso indiscriminado de maquinaria, etc. Para ello, el Estado deberá proveer de la mano de obra necesaria para reducir el uso de maquinarias y agroquímicos. Ahí donde un hombre puede retirar con su mano una maleza, no debe haber un producto químico. El mismo principio se puede utilizar en el uso de la maquinaria, siempre y cuando la cantidad de mano de obra y la extensión del terreno lo permitan. Cuando tales acciones no puedan llevarse a cabo, sobre todo en el uso de agroquímicos deberá reducirse al mínimo para lograr el efecto plaguicida, sin que existan residuos tóxicos transmitidos al producto y por ende al consumidor final.

c) Fertilizantes.

Es sabido que el potencial de producción de la tierra se ve incrementado con el uso de fertilizantes exógena al predio. Estos fertilizantes pueden ser de origen natural, mineral, químico o mezcla de todos los anteriores. Si bien el beneficio inmediato es una mayor producción en una misma superficie, con costos levemente superiores, ello no debe implicar el uso de sobredosis de fertilización, que tienen un mínimo efecto sobre el aumento del rendimiento. Eso quiere decir que el rendimiento aumenta exponencialmente con el aumento de la dosis de fertilizante, sin embargo, se llega a un punto en donde por más que se aumente la dosis de fertilizante, no seguirá aumentando el rendimiento. Actualmente las compañías químicas promueven el uso de grandes dosis de fertilizantes para así asegurar sus ventas, sin importar en el aumento de costos de producción del agricultor, generando un encarecimiento en la producción y frecuentemente un sobre endeudamiento sin control.

Otro punto importante en este aspecto es que los excedentes de fertilizante que no alcanzan a ser absorbidos por el cultivo, frecuentemente son arrastrados por las aguas lluvias, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, dejándolas imposibilitadas de ser consumidas generando un daño a la salud de la población rural y a los animales domésticos y silvestres.

d) Agua.

El agua es un bien cada vez más escaso y sin ella la vida en el planeta es imposible. La agricultura tampoco se puede desarrollar en ausencia de este vital elemento. Por lo mismo, las fuentes de agua que son utilizadas para ser consumida por el ser humano, producción agrícola, ganadera y forestal, deben estar protegidas de toda contaminación y solamente se deben utilizar los excedentes para la generación de energía hidráulica, industria y minería, allí donde no afecte significativamente el medio ambiente. Por el valor estratégico que significa, el agua debe ser propiedad del Estado y es éste quien la distribuye según la importancia relativa a su uso en el siguiente orden: consumo humano, producción de alimentos y otras materias primas no urbanas, vida silvestre, producción de energía, industrias y minería.

Toda propiedad del agua en manos de particulares y empresas generadoras de energía, industrias, minería etc., que no esté proyectado su uso en un plazo de 5 años, deberá ser confiscada para el Estado.

Al mismo tiempo, el Estado deberá asegurar el mayor uso de tecnología para permitir el uso eficiente del agua para los fines productivos, como por ejemplo, dotar a todas las explotaciones agrícolas de elementos de última tecnología en riego, a un costo razonable. Relacionado con eso, la política de embalses debe asegurar un correcto acopio y distribución de aguas, de manera de cubrir la mayor superficie agrícola posible. De ser necesario, estas obras se realizarán con el Cuerpo Voluntario del Trabajo y/o mano de obra penal.

e) Alimentos genéticamente modificados y propiedad intelectual.

Más allá de la polémica actual de si este tipo alimentos es o no dañino para la salud humana, al existir la menor duda científica, en primer lugar, se debe prohibir completamente su uso hasta demostrar su inocuidad en la población que los consuma.

El segundo punto a desarrollar respecto de este tipo de tecnología, es que se debe conocer a cabalidad cuál es el genoma externo que se está inoculando en el ADN de la especie receptora, de manera de definir si existe un efecto de carácter alérgico en algunas personas vulnerables de la población que los consuma. Por ejemplo. Si se va a inocular un tomate con genes de un cierto tipo de marisco, de manera de darle al vegetal mayor resistencia a la salinidad en suelos con exceso de sal, se debe estar seguro que ese gen no genere reacciones dañinas a personas que son alérgicas a los mariscos, o en su defecto, identificar claramente que ese tomate no debe ser ingerido por personas afectas a ese tipo de alergias.

Si el uso de material genéticamente modificado significa una ventaja en cuanto a costos de producción, allí donde existan limitaciones en la mano de obra y el la productividad, será permitido su uso siempre y cuando no exista riesgo alguno para la población.

El tercer punto es el de la propiedad intelectual de la tecnología transgénica. Hoy está en poder de grandes corporaciones que buscan aprobar en todos los gobiernos del mundo, leyes que impidan, por ejemplo, la reproducción de semillas a base de transgénicos. La base de la agricultura familiar campesina es el derecho a reproducir su propia semilla, al menos durante algunas temporadas, antes de que ésta degenere y pierda sus características, producto de la continua siembra sin renovar el material genético. Con los convenios tipoUPOV 91 y las leyes de propiedad intelectual del germoplasma, se fomenta que la semilla obtenida del propio cultivo como consecuencia de la compra de semillas certificadas (sean o no transgénicas), esta es propiedad de la empresa que los generó, sin límite de generaciones de siembra.

Esta práctica bajo el sistema agrícola Nacionalsocialista, quedará prohibida. La propiedad intelectual de todo material genético vegetal o animal, pertenece al Estado y por lo tanto de toda la Comunidad del Pueblo. Es el derecho ancestral de toda la clase agrícola dentro del territorio nacional, la obtención de material de reproducción vegetal o animal, sin límites de patentes ni restricciones de ningún tipo.

f) Leyes fundamentales.

La agricultura constituye una parte de importancia vital en la economía nacional y por tanto la clase agrícola debe estar al servicio de la Comunidad del Pueblo. Su deber es asegurar el abastecimiento del pueblo.

“Agricultor es el que, enraizado a su tierra natal gracias a la herencia de su familia, cultiva su predio y estima su trabajo como un deber hacia los suyos y hacia su pueblo”

Walther Darré.

Por lo mismo, la agricultura exige la protección estratégica de los terrenos  y  sus productos por parte del Estado. Esta protección implica en primer lugar en la conservación de la explotación como propiedad rural hereditaria a través de las generaciones dentro de la misma familia. Además el Estado, mediante la fijación del precio de ciertos productos, debe proteger también a la agricultura contra toda especulación de los artículos de primera necesidad para la alimentación del pueblo.

Para asegurar el desarrollo de una agricultura sustentable, sana y competitiva, se hace necesario establecer los 3 pilares básicos de la política agraria Nacionalsocialista: la Ley para la Alimentación Nacional, la Ley de sucesión del Patrimonio Rural y el Marco Regulatorio de Mercado para Productos, Bienes y Servicios Agropecuarios y Forestales.

  1. La Ley para la Alimentación Nacional.

Debe tener como finalidad, agrupar orgánicamente a todos los agricultores, empresarios, campesinos y exportadores agrícolas, bajo la dirección de una única corporación. Esto permitirá eliminar un gran número de organizaciones agrícolas que someten actualmente al aislamiento de un gran número de agricultores, de manera de colaborar de forma más eficiente y estratégica la resolución de problemas de abastecimiento interno.

Se debe formar una Corporación Nacional de Alimentación, que será una organización de derecho público a la que deben pertenecer con carácter obligatorio todos los que vivan de la producción agrícola y debe estar bajo la inspección directa del Estado. Esta corporación no sólo está formada por el grupo de la producción agropecuaria, sino que comprende además todos los grupos económicos que están relacionados con la cadena de alimentación de la Comunidad del Pueblo, como los que preparan y elaboran lo producido y los intermediarios que lo distribuyen entre los consumidores. La Corporación deberá comprender a productores, industria elaboradora y distribuidores.

Las escuelas universitarias locales y regionales de agricultura y las estaciones de investigación agropecuaria se deben subordinar a la Corporación Nacional de Alimentación. Lo mismo debe ocurrir con las escuelas primarias rurales, en donde se debe elevar el nivel de enseñanza para una mejor dedicación al mundo rural campesino, de manera de contar desde temprano con mano de obra calificada desde temprana edad, así como de técnicos y profesionales universitarios dedicados a los distintos rubros de la cadena de abastecimiento de alimentos y productos básicos de primera necesidad.

  1. La Ley de sucesión del Patrimonio Rural

Esta consolida legalmente una antigua costumbre de nuestros ancestros conquistadores españoles sobre la propiedad rural y su traspaso a los herederos y que luego fue adquirida por las comunidades agrícolas formadas por sus descendientes y también por los distintos grupos de población originaria de Chile.

El Estado Nacionalsocialista requiere que la clase agrícola siga siendo la fuente vital del pueblo chileno, con todas y cada una de las características psicosociales y étnicas que lo caracterizan. Las propiedades hereditarias deben ser protegidas contra el exceso de deudas y contra su partición excesiva por causa de la herencia, con el fin de que permanezcan siempre en manos de agricultores libres como bienes raíces familiares.

Se debe trabajar por la sana repartición de algunas propiedades agrícolas de gran extensión estratégicamente definidas, de manera de transformarlas en predios viables de tamaño medio y pequeño, distribuidas proporcionalmente por todo el país.

Dependiendo de las condiciones climáticas y de la calidad productiva de los suelos, se debe contemplar que una propiedad agrícola o forestal cuya extensión sea menor a 50 hectáreas de riego básico podrá ser heredada si pertenece a una persona con aptitudes para las labores del campo. El propietario de esta propiedad se denomina Agricultor. Puede ser Agricultor todo individuo honorable, de nacionalidad chilena o afín a los valores del pueblo chileno. La propiedad heredada pasará sin divisiones al primogénito. El derecho de los coherederos está limitado al resto de los bienes del Agricultor. Los descendientes no declarados como herederos del patrimonio rural recibirán una educación profesional y recursos en proporción con el tamaño económico de la herencia. El derecho de herencia del patrimonio rural no puede ser revocado ni limitado por disposición testamentaria en caso de fallecimiento. La propiedad agrícola heredada es inalienable y no puede ser gravada con hipotecas ni embargos.

Ante el manifiesto temor de que por medio de la ley del patrimonio rural se favorezca al heredero primogénito con respecto a sus hermanos, el Estado debe responder a esta observación que el agricultor asume con la heredad no sólo derechos sino también deberes para con sus coherederos a los que tiene obligación de dar alimento, educación e instrucción profesional. Si los hermanos se declaran independientes tienen derecho a recursos en relación al valor de la herencia.

Los grandes conglomerados de producción agrícola manejados por corporaciones no rurales, deben ser intervenidos y fiscalizados por el Estado, de manera de asegurar que se cumplan las leyes laborales, ambientales y se evite la evasión tributaria.

  1. Marco Regulatorio de Mercado para Productos, Bienes y Servicios Agropecuarios y Forestales.

La regulación de los precios en el mercado sólo puede llevarse a cabo después de consolidar la organización del gremio de los agricultores y la institución del sistema legislativo de sucesión de las propiedades heredadas. Se deben establecer precios fijos y razonables al mismo tiempo. Si hoy la oferta y la demanda determinan el precio, bajo el concepto Nacional-Socialista estos conceptos deben ser sustituidos por las concepciones consumo y necesidad satisfecha. La bolsa de valores, con sus especuladoras oscilaciones, no debe decidir la fijación de los precios en detrimento de productor y del consumidor.

Esta nueva regulación del mercado puede ser considerada como un sistema económico obligatorio en el cual se efectúa una repartición ordenada de los productos existentes. No paraliza la iniciativa particular, sino que al revés, mediante la fijación del precio, estimula al consumidor contra los abusos. Elimina la especulación con los productos de primera necesidad sin impedir la sana la competencia en la capacidad de producción.

Según el punto de vista Nacionalsocialista la regulación eficaz del marcado se puede lograr estableciendo los precios a un nivel suficiente para cubrir los gastos de la producción agrícola y para asegurar a la vez la marcha normal de los cultivos. Al mismo tiempo el precio debe ser fijo y lo más bajo posible para que el consumidor pueda calcular los gastos que haya de hacer en relación con sus ingresos. La estabilidad de los precios es de importancia decisiva por lo que han de mantenerse durante un período que durará tanto tiempo como sea posible.

Los precios de los productos de primera necesidad también deben ser fijados para el comercio intermediario así como para la transformación y elaboración. De ninguna manera se intenta suprimir el comercio de intermediarios, pues como elementos de distribución han demostrado su eficiencia. Con la regulación de los precios se pretende evitar a todos los círculos interesados en el comercio la posibilidad de especular.

Además de la solución del problema de los precios, la regulación del mercado debe satisfacer otras tareas importantes, como la regulación de los canales de distribución y de elaboración, así como el de las ventas, que continúa siendo el impulsor de la producción.

Una vez organizada la clase agrícola, establecida la sucesión de la herencia patrimonial e impuesta la regulación del mercado, la agricultura debe ser llamada a una campaña de producción, cuyo resultado final debe ser de importancia decisiva para el porvenir de la Comunidad del Pueblo.

Creación de nuevos asentamientos agrícolas.

La política agraria Nacionalsocialista se propone crear el mayor número posible de heredades de menos de 50 hectáreas de riego básico de superficie, especialmente en las zonas poco pobladas para garantizar así la existencia del agricultor en tierra propia. Este propósito se realiza metódicamente por tres vías: en primer lugar poniendo a disposición latifundios que se compran regularmente a sus actuales propietarios.

La segunda vía consiste en la utilización de terrenos baldíos, de pantanos y territorios erosionados abandonados. Para recuperar etas superficies improductivas se emplearán brigadas del Servicio del Trabajo.

Por esta razón, el Movimiento de Acción Nacional-Socialista busca aumentar el rendimiento de la agricultura nacional como única forma de asegurar la alimentación del pueblo. El MANS apoya y promueve el ejercicio de la agricultura familiar en las zonas más desfavorecidas.

El rendimiento agrícola se ve obstaculizado por la falta de maquinaria, la presión tributaria, los precios de los abonos y la introducción de productos extranjeros. Situación que el Nacional-Socialismo busca mejorar ostensiblemente.

c) sanidad animal y vegetal

La protección de la naturaleza incluye la protección y la conservación de la biodiversidad en la vida animal y vegetal. Debido a la gran amenaza que representan las  compañías de semillas y la biotecnología, el MANS exige  el libre cultivo y comercialización de semillas.

Los animales no son bienes desechables, son seres vivos con sentimientos. Por lo tanto, los estudios en animales sólo deben ser autorizados en casos de extrema necesidad, con fines exclusivamente médicos y en un número limitado. La cría de animales a escala industrial debe ser rechazada. La agricultura campesina en pequeña escala, debe ser fomentada.

La necesidad de explorar la ciencia tiene sus límites allí donde comienza la crueldad. Crueldad con los animales –aunque sea para consumo- es un delito y debe ser perseguida.

Exigimos la prohibición del ritual Koscher de faenamiento animal, que es de una crueldad  innecesaria.

d) Reciclaje y protección de la naturaleza

El reciclaje de basura debe ser impulsado a nivel nacional por el Estado y no  debe ser un negocio de privados. Cada hogar, empresa o negocio debe contar por ley con contadores  de basura segregados los cuales deben ser recogidos de igual forma por los servicios  de aseo municipales y vertidos en plantas de reciclaje municipales. Es la única forma de dar un tratamiento adecuado a los desechos y realizar efectivamente el reciclaje y la protección de la naturaleza.